Gobierno digital y blockchain en la contratación pública: un análisis jurídico del uso de tecnologías disruptivas en la administración brasileña.

Resumen

Este artículo analiza las repercusiones legales derivadas de la adopción de tecnologías disruptivas, con especial énfasis en el gobierno digital y la tecnología blockchain, en el ámbito de la contratación pública brasileña. En el contexto de la transformación digital del Estado, el estudio surge de la creciente necesidad de modernización administrativa, junto con la demanda de mayor transparencia, eficiencia, trazabilidad y control social. Tras la promulgación del Decreto N° 10.332/2020, que estableció la Estrategia de Gobierno Digital, posteriormente actualizada para el periodo 2024-2027 mediante el Decreto N° 12.198 del 24 de septiembre de 2024, y la entrada en vigor de la Ley N° 14.133/2021, se observa un entorno regulatorio favorable a la digitalización de los procesos de licitación y contratación. Si bien la legislación vigente no menciona expresamente blockchain, el marco legal permite el uso de tecnologías que promueven la integridad y la publicidad de los actos administrativos. En este contexto, el artículo analiza el potencial de blockchain como herramienta para asegurar la inmutabilidad de los datos, garantizar la fiabilidad de la información y automatizar procesos mediante los denominados contratos inteligentes. Se emplea un enfoque cualitativo, basado en una revisión bibliográfica y un análisis documental de la legislación nacional y experiencias internacionales, como las observadas en Estonia y los Emiratos Árabes Unidos. Los resultados indican que, si bien el ordenamiento jurídico brasileño es receptivo a la innovación, persisten obstáculos técnicos, institucionales y regulatorios para la plena implementación de estas tecnologías. Se concluye que la incorporación efectiva de blockchain en la contratación pública dependerá de la articulación entre el desarrollo normativo, la inversión en formación técnica y la construcción de un entorno institucional seguro que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, moralidad, publicidad y eficiencia.